La Red Universitaria Nacional de Educación en Contextos de Encierro (Red UNECE), que se encuentra conformada por programas y proyectos de Universidades públicas con trabajo en instituciones penales del país, expresamos nuestra preocupación por el lento avance de la vacunación contra el COVID-19 para personas privadas de la libertad, e instamos a las autoridades nacionales y provinciales a poner en funcionamiento los mecanismos necesarios para garantizar el cumplimiento del calendario de vacunación contra el COVID-19 entre las personas detenidas en instituciones de encierro.
Las personas privadas de libertad tienen derecho a acceso a la salud como todas las personas del territorio argentino, comprendiendo que el único derecho que se encuentra coartado en su pena es la libertad ambulatoria. Tenemos presente que en la República Argentina existen instrumentos internacionales universales y regionales que apuntan al derecho a la salud y que en la Resolución Conjunta 11/2021 entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos fundamenta que el “principio de humanidad de las penas en las cárceles no tiene como finalidad el castigo y quienes se encuentran privados de la libertad no deben sufrir mortificaciones más allá de lo que la propia cárcel implica”.
El 31 de marzo de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el marco de su Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada a la crisis en relación con la pandemia del COVID-19, urge a los Estados a enfrentar la gravísima situación de las personas privadas de la libertad en la región y a adoptar medidas urgentes para garantizar la salud y la integridad de esta población y de sus familias, frente a los efectos de la pandemia, así como asegurar las condiciones dignas y adecuadas de detención en los centros de privación de la libertad.
En el comunicado que elaboramos desde la Red UNECE el 25 de marzo del 2020, expresamos nuestra preocupación por la grave situación en la que se encontraba la población detenida en instituciones de encierro ante el brote de coronavirus en el país. Las condiciones de hacinamiento y superpoblación, las deficiencias en el acceso a derechos como la alimentación, la higiene y la salud, y las dificultades para implementar de manera eficiente medidas de prevención de los contagios a través del aislamiento y/o distanciamiento social en la que se encuentran las unidades penitenciarias en todo el país, que expresábamos como elementos agravantes ante el inicio del brote del COVID-19, se han sostenido o incluso profundizado desde el comienzo de la pandemia hasta el día de hoy. Desde los espacios institucionales que ocupamos, hemos podido constatar también que en muchas ocasiones las propias personas privadas de la libertad han tenido que ocultar cuadros sintomatológicos ante la posibilidad de ser aislados/as en espacios sin ningún tipo de asistencia médica. Como señala el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), desde marzo del año pasado hasta hoy existieron al menos 90 casos de protesta vinculados al incumplimiento de las medidas de prevención del COVID-19.
La Campaña Nacional de Vacunación contra el COVID-19, llevada adelante por el Gobierno Nacional y coordinada por el Ministerio de Salud de la Nación, tiene como finalidad disminuir la morbi-mortalidad ocasionada por la infección por el COVID-19, y lograr la cobertura del 100% de la población objetivo, en forma escalonada y progresiva, de acuerdo con la priorización de riesgo y a la disponibilidad de las vacunas en nuestro territorio. El Plan Estratégico para la Vacunación establece que esta campaña debe “alcanzar a toda la población que habita en el país”. Este plan considera que existen criterios para la priorización de personas a vacunar: la vulnerabilidad, los grupos de riesgo y el riesgo por exposición por función estratégica. Más allá de que en determinadas provincias se ha comenzado con la vacunación a personas privadas de la libertad en condiciones de riesgo, entendemos que los elementos planteados hacen que sea urgente avanzar con mayor celeridad en garantizar el cumplimiento del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, atendiendo a las condiciones de vulnerabilidad en la que se encuentran las personas detenidas y las dificultades para adoptar medidas de precaución y aislamiento social.
Considerando que desde el Estado se viene realizando un esfuerzo de magnitud para garantizar la vacunación en todo el territorio nacional, que existe un compromiso por garantizar la igualdad y el acceso a la salud de las personas privadas de la libertad, que organismos internacionales especializados recomiendan la vacunación en instituciones de encierro por los altos riesgos de contagio del COVID-19, y que dicha vacunación significaría un beneficio para toda la población en su conjunto; es que desde las Universidades públicas que conformamos la RED UNECE, como así también las organizaciones y grupos que adhieren, solicitamos a las autoridades nacionales y provinciales correspondientes el cumplimiento efectivo del calendario de vacunación para las personas privadas de la libertad, como así también la realización de campañas de difusión y promoción de la vacunación entre la población detenida.