La Red Universitaria Nacional de Educación en Contextos de Encierro (Red UNECE) está conformada por programas y proyectos educativos, de investigación y extensión en cárceles, pertenecientes a universidades públicas de gestión nacional y provincial de la Argentina.
Su objetivo es compartir perspectivas y abordajes sobre la educación superior y las intervenciones pedagógicas, artísticas y culturales en contextos de encierro; estimular el intercambio y la colaboración entre equipos y coordinar acciones para visibilizar los problemas de la justicia penal y el sistema penitenciario; alentar instancias colectivas de formación e investigación; fortalecer las políticas y los modos de organización orientados a la defensa de los derechos humanos, el respeto de la diversidad y la inclusión social de las personas privadas de libertad y liberadas; y promover el desarrollo educativo, cultural, laboral y comunitario.
La primera reunión de la red se realizó en la Universidad Nacional de Cuyo (Mendoza), en el año 2010. En esa oportunidad, se suscribió la primera acta de compromiso, donde se constituyó formalmente la Mesa Interuniversitaria Nacional sobre Educación en Contextos de Encierro. Diez años después, y luego de varias reuniones en distintas partes del país, se decidió cambiar la denominación por Red Universitaria Nacional, para dar cuenta del carácter sostenido de los vínculos e intercambios, que trascienden los encuentros anuales e implican diálogos y proyectos compartidos entre las universidades que integran la red, así como con otras instituciones y organizaciones con trabajo en cárceles.
En la actualidad, la Red reúne programas y proyectos de más de veinte universidades de todas las regiones del país, con trabajo en alrededor de cincuenta unidades penales; y mantiene vínculos con otras redes interuniversitarias. Sus integrantes tienen convenios y acuerdos de trabajo con servicios penitenciarios, órganos de gobierno y agencias estatales, mecanismos locales y nacional de prevención de la tortura e institutos contra la discriminación, así como con organismos de derechos humanos, sindicatos, cooperativas de trabajo, asociaciones civiles y otras organizaciones y movimientos sociales.
Las cárceles en nuestro país están marcadas por desigualdades estructurales y graves violaciones a los derechos humanos: sobrepoblación, hacinamiento, condiciones degradantes e indignas de encierro, torturas y malos tratos, deficiencias en la atención a la salud y la alimentación, y restricciones a derechos como la educación, la cultura y el trabajo, entre otros. Esta situación, y el daño que produce a la población privada de libertad, sus familiares y allegados, se ve agravada por el mal funcionamiento y los patrones discriminatorios de la justicia penal, las reformas punitivas y los discursos de odio amplificados por los medios de comunicación hegemónicos, que simplifican las causas de la delincuencia y limitan las posibles respuestas frente a los conflictos sociales y la inseguridad.
Desde la recuperación de la democracia, las universidades han tenido un rol activo en el registro de las violaciones a los derechos humanos y la producción de conocimiento sobre el sistema penal y la cárcel. Asimismo han sido pioneras a nivel mundial en educación superior en contextos de encierro, e importantes dinamizadoras de vínculos y acciones territoriales dentro y fuera de la cárcel. Los centros y espacios universitarios intramuros promovieron debates y reflexiones críticas que permitieron, en muchos casos, impulsar reformas legislativas y penitenciarias vinculadas con los derechos humanos, la inclusión sociolaboral y la vida de la población privada de libertad y liberada.
Con la red buscamos no solo fortalecer las intervenciones universitarias, desde una perspectiva integral, sino contribuir a la formación de nuevos programas y proyectos, y aportar al diseño, la implementación y la evaluación de políticas públicas que garanticen y amplíen los derechos a la educación, la salud, la cultura y el trabajo para las personas privadas de libertad y liberadas. De esa manera, procuramos asumir nuestras responsabilidades como instituciones públicas comprometidas con la democracia y los derechos humanos, contribuir al desarrollo nacional y promover una sociedad más justa e igualitaria.